La colaboración público-privada consiste en acuerdos a largo plazo entre la Administración Pública y los agentes privados, ya sean empresas mercantiles o entidades sociales. Podemos encontrar muchos buenos ejemplos de colaboración en el campo de la educación (escuelas concertadas), de la cultura (museos, gestión de centros cívicos …), los deportes (concesiones administrativas), de la sanidad (hospitales) y en muchas otras. Esta colaboración presenta ventajas importantes, ya que permite prestar servicios con mejor calidad o menores costes para la Administración. Son situaciones en que el sector privado dispone de medios (capital, conocimiento, recursos humanos …) que no tiene el sector público.
Aunque las ventajas pueden ser importantes, hay una corriente de opinión que considera negativo todo lo que tiene que ver con el sector privado. Hay quien no entiende que para fortalecer el estado del bienestar y poder ampliar los presupuestos públicos tenemos que conseguir un sector privado que genere riqueza y pague impuestos. Es una miopía similar a la que tienen los que consideran negativo todo lo público.
En este sentido, un rasgo diferencial que podemos comprobar en los países que funcionan mejor es que tienen sectores públicos y privados muy potentes y apuestan mucho por la colaboración público-privada. Una manera de comprobarlo es medir el peso que tiene la colaboración publico privada en el PIB del país. Este porcentaje en el conjunto de países de la OCDE es del 14%.
En los países que generan más riqueza y cuentan con un buen nivel de estado del bienestar el porcentaje está muy por encima de la media. Es el caso de Holanda (21%) o Finlandia (18%), por ejemplo. En cambio, en países que funcionan peor, el porcentaje es mucho más bajo. Como ejemplos, podemos mencionar Grecia (11%), Turquía (11%) o España (10%). Pero hay que garantizar que no hay malas prácticas y que el servicio lo presta quien lo puede hacer mejor. A veces será el sector público, en otros casos será el sector privado.
Por ello, el sector público debe controlar bien que el agente privado actúa de manera excelente y cumpliendo la legalidad. En resumen, generaremos más bienestar con más colaboración público-privada, potenciando lo mejor del sector público y del sector privado, regulando y controlando para evitar malas prácticas y con el objetivo de prestar los mejores servicios a los ciudadanos con la máxima excelencia y los menores costes posibles.