Madrid, 19 oct (.).- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy tres anteproyectos de ley que regularán el nuevo impuesto sobre transacciones financieras, el gravamen sobre determinados servicios digitales y las medidas para reforzar la lucha contra el fraude, iniciativas con las que se prevé recaudar 2.878 millones de euros.
"Demostramos así de forma clara nuestra voluntad de avanzar con la senda que hemos marcado en el plan presupuestario enviado a Bruselas", ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo.
Los tres anteproyectos de ley se enmarcan en el plan presupuestario pactado por el Gobierno con Unidos Podemos, que incluirá las cuentas del Estado para 2019 que se presentarán en diciembre.
La norma que regula el nuevo impuesto sobre servicios digitales contempla un gravamen del 3 % que se aplicará a las multinacionales tecnológicas que facturen 3 millones de euros en España y 750 millones en el resto del mundo para garantizar que no afecte a las pymes.
El impuesto, con el que se prevé recaudar 1.200 millones, se liquidará trimestralmente y la base imponible sobre la que se aplicará serán los ingresos por publicidad en línea, los del servicio de intermediación en línea y los de la venta de datos generados a partir de información proporcionada por los clientes.
La regulación del impuesto de transacciones financieras, con unos ingresos estimados para 2019 de 850 millones, incluye un tipo del 0,2 % para las operaciones de compraventa de acciones españolas de empresas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones.
La ley de lucha contra el fraude supone la limitación del uso de efectivo a 1.000 euros para los pagos entre empresas y profesionales, sin que afecte a los pagos entre particulares, con una recaudación estimada de 218 millones.
También se refuerza la lista de morosos con la Agencia Tributaria, que incluirá a los responsables solidarios y reducirá el importe para ser incluido a 600.000 euros, frente al millón actual, lo que permitirá ingresar 110 millones adicionales.
El resto de medidas para luchar contra el fraude tienen prevista una recaudación de 500 millones, y entre ellas se incluye estrechar la vigilancia a contribuyentes con grandes patrimonios y sus entornos societarios, y prohibir la fabricación, distribución y utilización del llamado software de doble uso con el que se ocultan ventas.
Además, se prohíbe expresamente la posibilidad de hacer amnistías fiscales en el futuro y se abre la puerta a ampliar la lista de paraísos fiscales para incluir a aquellos países que no mantienen unos estándares fiscales mínimos.