Madrid, 18 sep (.).- El juez que investiga la resolución del Banco Popular (MC:POP) ha dado dos meses al Santander (MC:SAN) para que le envíe el listado de los activos adjudicados -bienes inmuebles y participaciones sociales- que heredó al hacerse con la entidad, información que tendrán que analizar técnicos del Banco de España.
En un auto fechado el pasado 14 de septiembre, el titular del juzgado central de instrucción nº 4, José Luis Calama, atiende así a la petición de la Fiscalía, y solicita al Santander, además de la lista de activos, las tasaciones -indicando el valor inicial y las actualizaciones-, cuáles fueron las empresas tasadoras y que identifique al responsable de control de tasaciones del Banco Popular en la fecha en la que se llevaron a cabo.
Además, pide al Banco de España que designe dos inspectores con experiencia en la materia para revisar toda esa documentación.
El magistrado indica que "una de las cuestiones sustanciales que se ventila en el presente procedimiento es la corrección de las valoraciones de los activos adjudicados al Banco Popular y los que se dieron en garantía en operaciones de activo, por su impacto en las provisiones y, por ende, en las cuentas anuales de la entidad".
El asunto, añade el juez, "se ha suscitado de manera recurrente durante las declaraciones que se han ido practicando durante la instrucción", la última de ellas la del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, el pasado jueves.
Calama ha pedido además al juzgado central de instrucción nº 2, cuyo titular es Ismael Moreno información sobre la posible financiación irregular del Banco Popular en Luxemburgo mediante sociedades pantalla gestionadas a través de Thesan Capital, documentación que procedía del registro de un despacho de abogados.
Entre los documentos que pide el juez Calama figura también un informe de la Agencia Tributaria.
Asimismo, el juez pide al Banco de España que le remita los criterios fijados en abril de 2013 sobre refinanciación, renovación, renegociación o reestructuración de créditos y deudas de sus clientes.
El objeto de estas directrices era que las entidades utilizaran las refinanciaciones de forma prudente y sin desvirtuar el reconocimiento del deterioro que suponen ante el riesgo de impago, indicaba entonces el Banco de España.
La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017, cuando el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.
El magistrado abrió dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.
El próximo testigo citado por el juez es el exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, cuya declaración se realizará el 30 de septiembre por videoconferencia.