BERLÍN/MADRID (Reuters) - El partido que encabeza Carles Puigdemont confía en que la Justicia alemana no extradite a España al expresidente de Cataluña, donde los independentistas ven aún lejano el escenario electoral a un mes de una eventual llamada a las urnas.
En la primera reunión del grupo parlamentario de JXC con Puigdemont en Berlín, donde aguarda una decisión sobre su extradición, la formación dijo que confiaban en que la Justicia alemana, escocesa y belga rechacen las euroórdenes que reclaman a ex altos cargos catalanes por rebelión y malversación.
"Estamos seguros de que se van a reconocer sus derechos políticos y de la necesidad de que Puigdemont continúe siendo el interlocutor más válido", dijo el portavoz parlamentario de JXC, Eduard Pujol, en Berlín.
Pese a que se han presentado fallidamente tres candidatos a la investidura desde enero pasado, Pujol dijo estar seguro de que se evitaría la convocatoria automática de nuevos comicios, aunque en la reunión de hoy aseguró que no se había planteado quién sería el nuevo aspirante a hacerse con la presidencia de la Generalitat de Cataluña.
"El calendario sabemos que está en marcha, no es nuevo, pero no nos da miedo, vamos a llegar a tiempo para tener gobierno, para tener presidente", aseguró Pujol.
En esa misma línea se manifestó el presidente de la cámara regional, el también independentista Roger Torrent, que en un nuevo intento de internacionalizar la crisis catalana viajó a Suiza para denunciar ante miembros de la ONU la "violación de derechos fundamentales".
"Se está viviendo un proceso de regresión en las libertades fundamentales, derechos políticos y civiles, una regresión que afecta de manera severa al Parlament, donde se está impidiendo una investidura efectiva", dijo Torrent en rueda de prensa en Ginebra.
En Suiza, Torrent apeló a que el Tribunal Supremo español ha desatendido la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que instó en marzo a que se garantizaran los derechos políticos del aspirante a la Generalitat Jordi Sànchez.
"ME HA CONVERTIDO EN UN PRESO POLÍTICO"
Los políticos independentistas catalanes, que volvieron a revalidar la mayoría absoluta en las urnas el pasado diciembre, alegan que el Gobierno español está utilizando los tribunales para acabar con la deriva soberanista en la región.
El Gobierno central alega que los altos cargos catalanes a los que destituyó dentro de las medidas de intervención en la región sabían a lo que se enfrentaban cuando promovieron una declaración unilateral de independencia en octubre pasado.
En el Tribunal Supremo continuaron el miércoles las declaraciones indagatorias de altos cargos acusados de rebelión y malversación por su papel en el referéndum que dio lugar a la declaración de independencia.
En ellas, el fallido candidato a la presidencia de la Generalitat Jordi Turull echó en cara al juez que le hubiera convertido en un "preso político" y pidió que se frene la injerencia de la política en el plano judicial.
"No pretendan decir quién debe ser el candidato a presidir la Generalitat", dijo Turull al juez Llarena, según una fuente judicial.