MADRID/COPENHAGUE (Reuters) - La Fiscalía española pidió el lunes al Tribunal Supremo que reactive la orden de arresto europea para el expresidente catalán Carles Puigdemont después de que éste viajase a Dinamarca desde Bélgica mientras aspira a recuperar la presidencia de la región.
El magistrado del Supremo Pablo LLarena retiró en diciembre la euroorden contra Puigdemont, ante la posibilidad de que la justicia belga pudiese extraditarle solo por el delito de malversación ignorando la pretensión española de juzgarle también por sedición y rebelión.
Puigdemont llegó el lunes al aeropuerto de Copenhague, donde atravesó la zona de aduanas poco después de las 0700 GMT, subió a un coche y se marchó, dijeron periodistas de Reuters.
No estaba claro cuál era su destino, aunque la Universidad de Copenhague tiene programado un debate con Puigdemont entre las 14:00 y las 16:00 horas sobre la situación política de Cataluña.
Tras la llegada del político a Dinamarca, la Fiscalía española solicitó al magistrado instructor del Supremo enviar "con la mayor urgencia" la orden de detención a las autoridades danesas por los delitos de rebelión y sedición, los cuales dijo que están tipificados en el código penal danés con penas de hasta cadena perpetua revisable.
El Tribunal Supremo dijo que Llarena, que instruye la causa contra exmiembros del gobierno catalán tras un referéndum ilegal y la declaración de independencia del Parlament el pasado octubre, aún no se había pronunciado.
Los movimientos de Puigdemont y la Fiscalía se producen en una jornada en la que el Parlamento catalán tiene previsto proponer un candidato a la presidencia.
Después de unas elecciones autonómicas forzadas por el Gobierno español en las que los partidos independentistas volvieron a obtener mayoría absoluta, el expresident ha defendido su derecho a gobernar a distancia, alegando que si volviera a España sería encarcelado.
Pese a que las fuerzas independentistas JxC y ERC han pactado que Puigdemont sea el candidato, el Gobierno central ha anunciado que en tal caso presentará un recurso ante los tribunales para bloquear la investidura.