En 2018, la Agencia Tributaria creó, en el seno de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, una nueva Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes. Esta unidad nació con el objetivo de “profundizar en la obtención y sistematización de la información y en el uso eficiente de las nuevas herramientas informáticas”.
Según Hacienda, el colectivo objeto de análisis y seguimiento por parte de la unidad ronda los 170.000 contribuyentes, “obligados tributarios que cuentan con un patrimonio relevante y muestran determinados perfiles de riesgo fiscal”. El año pasado, que fue su primer año de actuación, esta ‘policía’ liquidó 347,5 millones de euros en 494 expedientes como consecuencia de sus actuaciones de comprobación.