Brasil: el coste de la corrupción

 | 15.02.2016 03:57

El caso de Petrobras (N:PBR) nace por accidente, debido a la captura del “dolero” (alguien que trabaja con dólares en Brasil) Alberto Youssef, quien era la persona responsable de lavar los dineros provenientes de propinas por contratos realizados con la estatal. Este, desde un inicio, frente a pruebas irrefutables, realizó un acuerdo de confesión y cooperación con la justicia, que a llevado a Brasil y al gobierno encabezado por la presidente Dilma Rousseff al mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil.

Era de tal magnitud las cifras que manejaba Youssef que superaban perfectamente las de un banco de pequeño porte. Intentaron callar a Youssef con maniobras políticas y jurídicas para que el acuerdo de confesión no tuviera sustento jurídico, sin embargo la fortaleza del Juez Sergio Fernando Moro y el profesionalismo de la Policía Federal permitieron desenmascarar el mayor caso de corrupción en Brasil.

La organización Transparencia Internacional dice: "No es sorprendente que Brasil, sumido en el mayor escándalo de corrupción de su historia a raíz del caso Petrobras, haya sido el país de América que más descendió en el índice este año". Brasil se ubicó en el lugar número 76, cayendo siete lugares en el índice de 168 países, que este año encabeza Dinamarca.

Los países latinoamericanos menos corruptos, según el informe, son Uruguay, en el puesto número 21; Chile, en el 23; y Costa Rica, en el 40. Por otro lado los países latinoamericanos más corruptos están Paraguay en el 130, Argentina en el 107, Bolivia en el 99 Colombia en el 83 y Brasil en el 76.

La paralización de las mayores constructoras de Brasil involucradas en la corrupción tienen un alto costo en 2015 más del 2% del PIB. Según las cuentas de la GO Asociados dejaron de circular en Brasil 150 billones de dólares (aproximadamente 45 billones de dólares) por la caída brusca de la falta de inversiones de Petrobras.

La salida para tamaño daño sería aplicar acuerdo de “lenidad” como sucede en Estados Unidos, donde el Estado actúa como un árbitro y garantizador para el cumplimiento de acuerdos entre las partes involucradas; sin embargo el caso de Brasil es más complejo porque el Estado es parte de la disputa y las empresas dependen de los contratos que ellas quieren ejecutar, para volver a operar normalmente. Esta dependencia hace que las empresas sean consideradas como paraestatales y donde los políticos se sienten “medio dueños” de estas constructoras.

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