El impuesto digital: Mucho ruido y pocas nueces

Durante años, una pregunta ha desconcertado a los líderes europeos: ¿cómo pueden ajustar la política fiscal para obtener ingresos de las empresas que venden servicios digitales en sus países, pero no tienen presencia física en ellos y, por lo tanto, no están sujetas a los impuestos nacionales? Los lamentos de expertos y políticos de que las grandes tecnológicas ‒por lo general, estadounidenses‒ no pagan «lo que les corresponde» son constantes. Es un tema recurrente en las cumbres de la UE, así como en las reuniones del G-7 y el G-20, en las que los jefes de estado suelen coincidir ampliamente en la necesidad de cambiar las cosas, a pesar de que no comparten puntos de vista sobre cómo hacerlo. Si bien es probable que se genere cierta incertidumbre sobre las acciones tecnológicas, no suponen, a nuestro entender, grandes contratiempos ni razones para que los inversores eviten el sector.

En la UE, los orígenes administrativos del impuesto digital se remontan a marzo de 2018, cuando la Comisión Europea (CE) propuso por primera vez una tasa destinada en gran medida a los gigantes tecnológicos . En consecuencia, muchas multinacionales de internet establecen su sede europea en países con tipos impositivos bajos como Irlanda o Luxemburgo para tributar sobre todos los beneficios obtenidos en la Unión en esos países. Los gobiernos de otros miembros de la UE argumentan que se les impide injustamente gravar la actividad que se realiza en sus propias jurisdicciones.

Por lo tanto, la CE propuso un impuesto sobre la facturación de los colosos digitales basado en el lugar en el que tienen lugar las transacciones ‒es decir, donde se encuentran los usuarios‒ y no en el país de laxa fiscalidad en el que reside su filial. El presidente francés Emmanuel Macron, firme partidario de la también llamada tasa Google (NASDAQ:GOOGL), presionó fuertemente para que esta alcanzara a todos los estados miembros de la UE, pero se topó con la resistencia de Irlanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia y no logró su aplicación.

Aunque la versión europea del impuesto digital no se materializó, Francia anunció uno propio a finales del año pasado. En julio el Senado aprobó una tasa del 3% sobre los ingresos generados en la nación gala por algunas de las principales tecnológicas . Cuando se hubo cerrado, Macron declaró que Francia eliminaría el tributo y lo reembolsaría a las empresas que lo hubieran pagado toda vez que se establezca un nuevo tratado internacional sobre tributación digital.

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Probablemente sea un pequeño avance para las grandes empresas tecnológicas de EE.UU., pero no creemos que el impuesto fuera a suponer un gran contratiempo cuando se fijó. A nuestro juicio, tampoco lo sería una versión paneuropea. El ministro de Finanzas francés proyectó unos ingresos fiscales de hasta 500 millones de euros al año, un pequeño porcentaje de las ventas mundiales de estas empresas y de su rápido crecimiento. Por ejemplo, Amazon (NASDAQ:AMZN) y Apple (NASDAQ:AAPL) ‒dos firmas que habrían tenido que hacer frente al pago‒ facturaron 232.900 y 265.600 millones de dólares respectivamente en 2018 . La recaudación también habría sido difícil: a cualquier país le habría costado cobrar a las empresas de internet, ya que tanto los ingresos locales como los gastos incurridos para obtenerlos son difíciles de estimar y ello dificulta la verificación de las bases imponibles.

Un amplio acuerdo internacional podría tener más fuerza, aunque, en vista de los acontecimientos del verano, los inversores no deberían dejar que esa posibilidad les disuada de invertir en acciones tecnológicas en un futuro próximo. En primer lugar, por la escasa probabilidad de éxito de un consenso a corto plazo; si la UE no lo ha logrado, menos probable se antoja un compromiso a escala internacional. Los países de la OCDE están actualmente en conversaciones sobre tributación digital, si bien llevan años sin avanzar demasiado. Se enfrentan a algunas de las dificultades con que tropezó la UE: los países tienen prioridades dispares.

Además, si se aprueba el gravamen digital, es probable que las empresas se adapten. No parece factible que un impuesto digital internacional sea tan grande como para que estas compañías gigantescas no puedan soportarlo. Más bien, gracias a contar con un impuesto en vigor, la CE puede sentir menos necesidad de imponer periódicamente multas a las empresas tecnológicas estadounidenses por sus actividades supuestamente anticompetitivas; una práctica legal que sospechamos, aunque no podemos probarlo, lleva mucho tiempo sustituyendo a la recaudación fiscal. En este sentido, el nuevo tributo podría aliviar parte de la incertidumbre regulatoria europea que rodea a estas empresas, haciendo más predecible su facturación, tal vez algo positivo para ellas.

No consideramos tan elevada la probabilidad de que los políticos de la UE castiguen a las principales empresas estadounidenses de internet con impuestos excesivos, tal y como sugieren muchos medios económicos que leemos. Entre que es poco viable que la reforma fiscal se acometa de inmediato y que los desacuerdos entre los estados miembros de la UE atenuarían cualquier posible cambio, creemos que la tasa Google es más una fuente de incertidumbre pasajera que un riesgo significativo para las tecnológicas y asimiladas estadounidenses que operan en Europa.

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Escrito por: Fisher Investments España