La ONG Bitcoin Argentina se pronuncia sobre allanamientos en granjas cripto: “la minería no es ilegal”

CoinTelegraph

Publicado 01.10.2022 17:09

La ONG Bitcoin Argentina se pronuncia sobre allanamientos en granjas cripto: “la minería no es ilegal”

La organización sin fines de lucro ONG Bitcoin Argentina, que desde el año 2013 trabaja en la promoción y difusión de las tecnologías descentralizadas, emitió un comunicado ante los últimos operativos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de Argentina, sobre los equipos utilizados en granjas de minería.

Esto se dio en el marco de diferentes allanamientos que realizó la entidad estatal en las últimas semanas a establecimientos que realizaban actividades de minería de criptomonedas. Según las autoridades, “la granja funcionaba en un establecimiento cuyo registro no describía la actividad que se estaba llevando a cabo”. AFIP, que se dedica a la recaudación fiscal en el país, puso el acento en que algunas de las granjas incatuadas “no contaban con el respaldo patrimonial necesario para poder adquirir todo el hardware minero”, es decir, se sospechaba que hubiesen sido contrabandeadas. Estas sospechas se fundamentan en que estos equipos, muchas veces, se comercializan en dólares.

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ONG Bitcoin Argentina explicó que “la minería de criptomonedas no es un delito tipificado por el Código penal” y que, por ende, “no es una actividad clandestina o ilegal”. A través de un comunicado de prensa, la organización sin fines de lucro buscó “llevar tranquilidad a los usuarios” ante los operativos de la Administración Federal de Ingresos Públicos que se llevaron a cabo en las últimas semanas. “La minería de criptomonedas no es un delito tipificado por el Código penal, por lo cual no es una actividad que en sí misma pueda ser considerada como clandestina o ilegal. En las últimas semanas se dieron a conocer distintos operativos por parte de la AFIP sobre granjas de minería que se debieron a irregularidades que presentaban los equipos informáticos. En ninguno de estos casos la intervención de la agencia estatal se debió a una cuestión de legalidad de la actividad de minería, como fue interpretado desde diversos sectores, sino por una supuesta falta de documentación respaldatoria vinculada a la importación de los rigs”.

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