Corte Suprema EEUU escucha argumentos para impugnar acuerdo de quiebra del fabricante del OxyContin

Reuters

Publicado 04.12.2023 17:34

Por John Kruzel y Andrew Chung

WASHINGTON, 4 dic (Reuters) - La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó el lunes a escuchar una impugnación presentada por el Gobierno a la legalidad del acuerdo de bancarrota del fabricante del OxyContin, Purdue Pharma, un proceso que de ser aprobado protegería a la familia propietaria, Sackler, de demandas por su rol en la epidemia de opioides del país.

Según el acuerdo de quiebra, los propietarios de Purdue recibirían inmunidad a cambio de pagar hasta 6.000 millones de dólares para resolver miles de demandas presentadas por estados, hospitales, personas que desarrollaron adicción y otros involucrados que llevaron a las cortes a la compañía con sede en Stamford, Connecticut, por publicidad engañosa del poderoso analgésico OxyContin.

En agosto, los jueces suspendieron los procedimientos de quiebra relacionados con Purdue y sus afiliados cuando accedieron a aceptar la apelación del Gobierno a un fallo del Segundo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, con sede en Manhattan, que confirmaba el pacto.

Afuera de la corte, unas 50 personas protestaron por el acuerdo, incluidos familiares de víctimas de opioides.

"Los Sackler mienten, la gente muere", coreaban los manifestantes. Algunos portaban carteles en memoria de las personas que murieron a causa de los opioides. Otro cartel decía: "Los criminales de cuello blanco más mortíferos: el cártel Sackler".

En documentos judiciales, la administración del presidente Joe Biden dijo a los jueces que permitir que se mantuviera la decisión del Segundo Circuito proporcionaría "una hoja de ruta para que las corporaciones y las personas ricas hagan un mal uso del sistema de quiebras para evitar responsabilidad por daños graves".

Lo que está en discusión es si la ley de quiebras de Estados Unidos permite que la reestructuración de Purdue incluya protecciones legales para los miembros de la familia Sackler, que no se han declarado en quiebra por su patrimonio personal.

Purdue se acogió al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas en 2019 para hacer frente a sus deudas, casi todas derivadas de miles de demandas que alegaban que OxyContin ayudó a iniciar una epidemia de opioides que ha causado más de medio millón de muertes por sobredosis en Estados Unidos durante dos décadas.

Purdue estima que su acuerdo de quiebra, aprobado en 2021, proporcionaría 10.000 millones de dólares en valor a sus acreedores, incluidos gobiernos estatales y locales, víctimas de adicción, hospitales y otras personas que han demandado a la empresa.

La administración Biden y ocho estados impugnaron el acuerdo. Todos los estados abandonaron su oposición después de que los Sackler acordaron contribuir más al fondo del acuerdo.

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Al confirmar el acuerdo en mayo, el Segundo Circuito concluyó que la ley federal de quiebras permite protecciones legales para partes no en quiebra como los Sackler, bajo circunstancias extraordinarias.

El tribunal decidió que los reclamos legales contra Purdue estaban inextricablemente vinculados a los recursos contra sus propietarios, y que permitir que las demandas continuaran apuntando a la familia socavaría los esfuerzos de Purdue para llegar a un acuerdo de quiebra.

Los miembros de la familia Sackler niegan haber cometido delitos, pero lamentaron que el OxyContin "inesperadamente se convirtiera en parte de una crisis de opioides". En mayo, dijeron que el acuerdo de quiebra proporcionaría "recursos sustanciales para las personas y comunidades necesitadas".

El Gobierno dijo a la Corte Suprema que el acuerdo de Purdue representa un abuso de las protecciones por quiebra destinadas a deudores en "dificultades financieras", no a personas como los Sackler.

La administración también ha alegado que los miembros de la familia Sackler retiraron 11.000 millones de dólares de Purdue antes de aceptar contribuir con 6.000 millones de dólares a su acuerdo sobre opioides.