Madrid, 22 mar (.).- Los peritos designados por el Banco de España en la causa que investiga la resolución del Banco Popular (BME:POP) reiteran, en un nuevo informe, que no cabe objetar las cuentas del banco de 2015 y 2016 al no poderse trasladar los resultados de las inspecciones a esos ejercicios con carácter retroactivo.
Tras tomarles declaración en dos ocasiones, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama pidió una nueva ampliación del informe a los peritos judiciales Teodoro Fernández y Álvaro López, cuyos informes fueron muy críticos con la situación del banco.
El aspecto más delicado era aclarar si el Popular debió declarar unas pérdidas superiores a 1.000 millones y no un beneficio de algo más de 100; además, los técnicos no pudieron explicar algunas cuestiones suscitadas por la Fiscalía, como el impacto real de algunas magnitudes en las cuentas de la extinta entidad, y admitieron que no tuvieron en cuenta parte de la documentación aportada por PwC.
Fue sobre este último punto sobre el que el magistrado les instó a realizar un ejercicio de "simulación", teniendo en cuenta las tasaciones de PwC.
En el documento presentado ahora el juez, al que ha tenido acceso EFE, los técnicos reiteran que el banco empleó "tasaciones no admisibles", si bien "no es posible estimar el déficit de valoración, lo que no implica que no estuvieran sobrevalorados".
Desde una perspectiva contable esta simulación no tiene soporte regulatorio y, por tanto, no cabe la exigencia de una corrección en la cuenta anual de pérdidas y ganancias, añaden, por lo que no es posible, "desde una perspectiva contable", asegurar que el déficit de provisiones de los ejercicios analizados sea consecuencia de dichas tasaciones.
Tampoco han dispuesto de la secuencia contable individual de cada inmueble, prosigue el documento, por lo que no se puede determinar si se produjo un incremento inadecuado del valor contable del mismo y si ello llevó a la liberación de provisiones.
El titular del juzgado central de Instrucción número 4, José Luis Calama, investiga desde 2017 a los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ángel Ron y su sucesor al frente de la entidad Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.
El juez abrió entonces dos piezas separadas, una que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital de 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.
Asimismo, el titular del juzgado central de instrucción nº 5, Santiago Pedraz, investiga la ampliación de capital realizada por el banco en 2012 a raíz de la presentación de dos querellas dirigidas contra los entonces responsables de la entidad.