Madrid, 12 abr (.).- El expresidente del Banco Popular (BME:POP) Ángel Ron ha presentado al juez que investiga la resolución de la entidad un informe pericial que respalda el criterio de los peritos del Banco de España sobre las cuentas de la entidad de los ejercicios 2015 y 2016.
El documento, al que ha tenido acceso hoy EFE y que ha sido elaborado por José Antonio Iturriaga, experto en Derecho bancario y asesor senior del Fondo Monetario Internacional (FMI), amplía uno anterior del mismo autor y trata de zanjar algunas de las cuestiones planteadas por el juez a los peritos designados por el Banco de España.
Estos concluyeron que no había deficiencias contables en los estados financieros de 2015 y 2016, y no cabe transponer los resultados de las inspecciones a los estados financieros de ejercicios anteriores, "simulación" que el juez les pidió en un auto de noviembre de 2022.
Los técnicos Álvaro López González y Teodoro Fernández Hernández replicaron que no cabía realizar dicho ejercicio, ya que las valoraciones se realizaron en 2016, por lo que el impacto que hubieran podido tener en la contabilidad de los activos adjudicados se produjo en las cuentas anuales de 2016 y no en las de 2015.
Iturriaga recalca que las cuentas del Popular se cerraron de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad financiera (NIIF), y destaca que "ninguno de los siete informes periciales encargados por el juez instructor concluye que las cuentas anuales consolidadas del 2016, 2015 y 2014 no reflejen la imagen fiel de acuerdo con ellas".
Las valoraciones en las que se basa el banco para estimar el deterioro de los activos adjudicados no eran realizadas por la entidad sino por terceros expertos independientes, indica Iturriaga, que recuerda que el Banco de España no exigía que los bancos tuvieran que realizar "un análisis o cuestionar las hipótesis empleadas por dichos expertos o si existe una infravaloración o sobrevaloración en el importe de la tasación realizada por el tercero experto independiente".
Por tanto, el criterio empleado en inspección de cuestionar y modificar las hipótesis utilizadas por los terceros expertos "en ningún caso puede tener un impacto contable, ni en el ejercicio 2015 ni en 2016".
De ahí que realizar una estimación similar como la requerida a los peritos en el auto de 30 de noviembre de 2022 "tampoco puede tener impacto contable en dichos ejercicios".
El Popular fue totalmente transparente en la información pública de las cuentas anuales, en el folleto de la ampliación de capital de 2016 y en la información reservada remitida a los supervisores, añade el documento, todo lo cual era "perfectamente conocido" por los organismo supervisores.
La naturaleza y objeto de las inspecciones periódicas del BCE, las AQR o análisis de la calidad de los activos, es prudencial y prospectiva, y no contable, no tienen carácter de totalidad o de revisión de conjunto sino que se realizan en base a muestras concretas que no son extrapolables.
Entre diciembre de 2014 y diciembre de 2016 se realizaron numerosos análisis de los activos del Popular: el BCE llevó a cabo una AQR; auditores externos, los activos en los respectivos ejercicios; KPMG, de los estados financieros de 2015 y 2016, y EY de los estados financieros de 2016.
Todos los análisis, tanto de supervisores como de auditores, "son coherentes entre sí y todos llegan a las mismas conclusiones", que no existían incumplimientos de la normativa contable ni déficits de provisiones, incluyendo lo relativo a activos adjudicados.
El titular del juzgado central de Instrucción número 4, José Luis Calama, investiga desde 2017 a los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ángel Ron y su sucesor al frente de la entidad Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.
El juez abrió entonces dos piezas separadas, una que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital de 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.