Madrid, 12 jun (.).- El expresidente del Banco Popular (BME:POP) Ángel Ron ha pedido al juez que investiga a los dos últimos equipos gestores de la entidad el archivo de la causa en la que respecta a su persona, y responsabiliza a su sucesor, Emilio Saracho, de la resolución de la entidad en 2017 por la fuga masiva de depósitos.
En un escrito fechado este lunes al que ha tenido acceso Efe, Ron reitera que durante su mandato el banco "cumplió holgadamente con los ratios regulatorios y las cuentas reflejaban la imagen fiel de la entidad".
La causa de la resolución, ejecutada por el FROB a instancias del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y de la Junta Única de Resolución (JUR), no fue un problema de solvencia del Banco, explica Ron, ni ninguna circunstancia que tuviera que ver con la imagen fiel de las cuentas de 2016, sino con acontecimientos posteriores externos que provocaron una fuga masiva de depósitos.
Tal y como constata un informe del Banco de España de abril de 2019, el Banco Popular se resolvió "por un problema idiosincrásico de liquidez, desarrollado durante el segundo trimestre del año 2017, bajo una cobertura mediática negativa.
En su escrito, Ron recuerda que "la fuga de liquidez que llevó a la resolución del Banco, provocada en el segundo trimestre de 2017, gestionado el Banco por Saracho, supuso una descomunal e inusitada salida de depósitos en dos meses de alrededor de 18.000 millones de euros".
Esta cifra, añade, suponía vez y media el excedente de liquidez que había construido "prudentemente" el equipo dirigido por Ron, y ese constituía un exceso sobre el mínimo regulatorio del 80 %.
Hasta la llegada de Saracho, el Popular no había sufrido jamás una crisis de liquidez, ni siquiera en los peores momentos de la crisis financiera, prosigue el documento, que recuerda que el informe de los peritos del Banco de España de abril de 2019 constató que, a diciembre de 2016, el patrimonio neto del banco era de 11.088 millones de euros, con una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones.
Ron incide en que, el 5 de junio de 2017, dos días antes de la resolución, el Banco de España, previa autorización del Banco Central Europeo (BCE), decidió conceder una línea de liquidez al Popular de 9.500 millones de euros, lo que en la práctica equivale a que el Banco de España "certificaba que el patrimonio del Popular excedía esa cifra".
Por todo ello, las pérdidas de los inversores "no se derivan de la insuficiencia del patrimonio del banco para absorber las pérdidas de sus activos, sino de la imposibilidad de atender las elevadas e inesperadas solicitudes de retirada de depósitos", como constataron los peritos del Banco de España.
En su escrito, Ron se refiere también a la "supuesta" sobrevaloración de las tasaciones vinculadas a activos inmobiliarios y créditos concedidos a empresas del sector y el consiguiente déficit de provisiones, que fueron revisadas por el supervisor en 2014 y posteriormente se realizó un ejercicio de actualización de las mismas.
La petición de Ron se suma a la que hicieron el pasado 26 de mayo los socios auditores de Pwc José María Sanz Olmeda y Pedro Barrio Luis, que se encargaron de las cuentas del banco.
El titular del juzgado central de Instrucción número 4, José Luis Calama, investiga desde 2017 a los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ángel Ron y su sucesor al frente de la entidad Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.
El pasado 29 de abril expiró la última prórroga de la instrucción acordada por el magistrado, por lo que previsiblemente, en las próximas semanas procederá a dar por concluida la investigación.
El juez abrió dos piezas separadas, una que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital de 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.