MADRID (Reuters) - Una nueva tormenta sacudió el lunes la sede del Banco Popular (MC:POP) en Madrid tras el anuncio de dimisión de su consejero delegado, el mismo día en el que la entidad reconoció que tiene que realizar ajustes en el balance por una auditoría interna.
Las acciones se hundían en bolsa desde que por la mañana Popular anunciara la revisión de sus cuentas, pero incrementaron aún más las pérdidas hasta el 10 por ciento al conocerse la dimisión de Pedro Larena, un hombre nombrado por el anterior equipo gestor que dimite por "motivos personales"
El banco, el más afectado por la crisis del ladrillo en España, relevó el pasado diciembre al presidente Ángel Ron tras perder más de un 66 por ciento de su valor en bolsa por las dudas acerca de su balance.
El temporal se desencadenó el año pasado, con un deterioro de resultados y la nota española más baja en las últimas pruebas de estrés a la banca europea. El banco se vio obligado a realizar en junio una ampliación de capital de 2.500 millones para limpiar su balance que quedó obsoleta pocos meses después.
Los accionistas reaccionaron contratando a Emilio Saracho, un histórico de la banca de inversión, como presidente en sustitución de Ron, y hace menos de tres semanas el nuevo gestor reforzó su equipo de confianza con un adjunto a la presidencia, Miguel Escrig, ex director financiero de Telefónica (MC:TEF) y de facto nuevo número dos del banco.
LA AUDITORÍA INTERNA VE NUEVAS PROVISIONES
El lunes, la entidad desveló que, tras una investigación de su equipo de auditoría interna, va a incluir en sus cuentas ajustes por un total de 428 millones de euros por provisiones insuficientes en varias operaciones.
Este impacto se llevará contra el patrimonio neto y, en menor medida, contra las cuentas de 2016 al proceder de ejercicios anteriores, lo que podría volver a colocar al banco en pérdidas en el primer trimestre de 2017.
Además, la revisión llevada a cabo por el equipo auditor ha desvelado que al menos 205 millones de euros de la ampliación de capital de 2016 proceden de acciones compradas por clientes y financiadas por el banco, lo que minorará aun más el ratio de capital de la entidad.
Todos estos impactos llevarán a la entidad a registrar un ratio de capital total de entre el 11,7 por ciento y el 11,85 por ciento a 31 de marzo, ligeramente por encima del 11,375 por ciento exigido.
AÑOS DE MAREJADAS
Los anuncios ponen de nuevo presión contra una entidad que ha lanzado en cinco años dos ampliaciones de capital y ha reconocido en el último ejercicio provisiones multimillonarias mientras batalla con la hercúlea tarea de limpiar un balance afectado por el ladrillo tóxico.
La segunda ampliación de capital se completó con provisiones de 4.700 millones que quedaron insuficientes apenas meses después, al tiempo que se puso en marcha una reducción de plantilla de casi 2.600 empleados y se anunciaba un plan para sacar de su balance 6.000 millones en activos inmobiliarios tóxicos, aunque el mercado duda que el nuevo equipo gestor lo pueda implementar.
Con estos mimbres, el banco declaró unas pérdidas de más de 3.485 millones de euros en 2016 a principios de febrero.