Brasilia, 15 may (.).- El Senado de Brasil aprobó este miércoles la suspensión del pago de la deuda del estado de Rio Grande do Sul con el Tesoro por tres años, tras las inundaciones que han dejado al menos 150 muertos y más de 600.000 desplazados en el sur del país.
La medida, propuesta por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para mitigar el enorme impacto económico de la tragedia climática en la región, irá ahora para sanción presidencial, tras haber recibido el aval de la Cámara de Diputados la pasada madrugada.
El volumen de deuda total de Rio Grande do Sul, fronterizo con Uruguay y Argentina, es actualmente de alrededor de 100.000 millones de reales (19.500 millones de dó.000 millones de euros).
Con la moratoria, cerca del 10 % de ese montante será destinado para la reconstrucción de ese territorio, donde las fuertes lluvias han anegado de forma parcial o total decenas de ciudades en las últimas dos semanas, entre ellas la capital regional, Porto Alegre.
La fuerza del agua ha destruido miles de viviendas, bloqueado carreteras, colapsado puentes, paralizado todo el tejido productivo y dejado sin luz a buena parte de la población de esa zona del país.
Durante el período de suspensión del pago tampoco se contabilizarán los intereses de la deuda, con el objetivo de "recuperar la capacidad económica de Rio Grande do Sul en el plazo más corto posible", según defendió el Ejecutivo.
El proyecto de ley aprobado podrá aplicarse en el futuro a otros estados brasileños que también se vean castigados por eventos climáticos extremos, si así lo avalan el Parlamento y el Gobierno.
Según el último boletín de la Defensa Civil, hay 2,12 millones de damnificados en Rio Grande do Sul, que vive todavía una situación caótica después de que un fuerte temporal afectara a 446 de sus 497 municipios.
Además de los 150 fallecidos, uno de ellos en el vecino estado de Santa Catarina, las inundaciones han dejado hasta ahora 108 desaparecidos, 806 heridos y más de 600.000 desplazados.
Lula viajó este jueves a Rio Grande do Sul por tercera vez desde que tuvo lugar la catástrofe para anunciar una nueva batería de medidas económicas dirigidas a las víctimas del desastre.