Quito, 8 may (.).- La empresa Furukawa, de capitales japoneses, consideró este miércoles como un intento de influir en la Justicia ecuatoriana el reciente pronunciamiento de un grupo de relatores de la ONU, que instaron a que se ratifiquen las reparaciones para los denunciantes de una supuesta esclavitud moderna en las plantaciones de abacá, propiedad de esta firma en Ecuador.
La compañía, dedicada a producir abacá (musa textilis), una planta parecida a la del plátano que se cosecha por su fibra para la industria textil, criticó el pronunciamiento de los representantes de la ONU, que instan a la Justicia a "reparar a las víctimas de las formas contemporáneas de la esclavitud en las plantaciones de abacá de Ecuador".
El pronunciamiento, emitido el pasado 29 de abril, señaló que "es alentador ver que Furukawa Plantaciones C.A. está rindiendo cuentas en dos juicios pioneros sobre denuncias de trabajo en régimen de servidumbre y trabajo forzoso" y habló de las víctimas que "sufrieron desgarradoras violaciones de los derechos humanos durante décadas".
Para los representantes de Furukawa, esta exhortación constituye una incitación a condenar a la empresa en dos procesos judiciales donde hasta el momento no hay sentencia definitiva.
"Esto es una injerencia y las Naciones Unidas están vulnerando la independencia judicial externa y también otro derecho humano que es el principio de inocencia", señaló a EFE el abogado de Furukawa, Pedro Jerves.
"Ese pronunciamiento evidentemente afecta no sólo a la empresa Furukawa, sino a la institucionalidad del país", añadió.
Empresa denuncia invasión
De acuerdo a la compañía, estas denuncias de graves violaciones a los derechos humanos proceden de un grupo de extrabajadores de haciendas que la empresa tenía arrendadas a otras personas, a quienes hace responsables, eventualmente, de las condiciones de los trabajadores.
El gerente general de Furukawa, Adrián Herrera, aseguró a EFE que la empresa siempre ha cumplido con la normativa ecuatoriana en aquellas haciendas que explotaba directamente sin régimen de arrendamiento y que, desde que en 2018 decidió terminar el sistema de arrendamientos, contrató a los trabajadores de los arrendatarios, de modo que actualmente cuenta con 280 empleados, todos plenamente regularizados.
Herrera señaló que esto se da en todas las propiedades "excepto las que están invadidas" por parte del grupo de denunciantes, quienes aseveran haber vivido supuestamente dentro de las haciendas en condiciones indignas y miserables.
"Tenemos más de 600 hectáreas invadidas a propósito de estos conflictos con los extrabajadores de los exarrendatarios. En este momento están explotando esas haciendas, y la empresa ha perdido millones de dólares al no tener el control de esas haciendas. Por supuesto, no sabemos qué es lo que está allí sucediendo", dijo el gerente general.
El representante legal afirmó además que son objeto de inspección permanente por parte del Ministerio de Trabajo, "lo cual es una cosa absolutamente fuera de lo común para una empresa normal".
Fuero constitucional sobre temas laborales y civiles
Herrera criticó además que los denunciantes, que aseveran que los contratos de arrendamiento no eran válidos y que había una relación laboral encubierta, utilicen la justicia constitucional para dirimir un asunto que es de competencia de jueces de lo civil y laboral, respectivamente.
La Corte Constitucional tiene pendiente pronunciarse sobre dos acciones constitucionales que engloban en conjunto a más de 300 trabajadores que presuntamente laboraron en plantaciones propiedad de Furukawa.
En una de ellas, que abarca a 123 trabajadores, tras fallo de segunda instancia, está señalada la compañía como responsable de haber vulnerado derechos como acceso al trabajo, vivienda adecuada, agua, la identidad, la salud y la educación, así como prohibición de esclavitud y servidumbre de la gleba.
En junio está previsto que comience paralelamente un juicio en materia penal por presunta trata de personas con fines de explotación laboral, donde Jerves confía en un fallo favorable al no haber existido, según la empresa, coacción para trabajar en sus propiedades.
"No toda violación de derechos laborales, que no estoy aceptando que se hace o que se haya hecho, es esclavitud. Es decir, si a usted no le afilian al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no quiere decir que evidentemente hay trata de personas o esclavitud. Tiene que haber una coacción", enfatizó Jerves.
"Evidentemente no se trataba como siervos a gente con coacción, no había servidumbre de gleba", concluyó el abogado.
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