Por Riham Alkousaa
BERLÍN, 12 abr (Reuters) - Abogados defensores de los derechos humanos presentaron una demanda contra la decisión del gobierno alemán de aprobar la exportación de 3.000 armas antitanque a Israel, el segundo caso de este tipo presentado este mes por el apoyo de Berlín a Israel en su guerra en Gaza.
La semana pasada, abogados berlineses dijeron que habían presentado un llamamiento urgente para detener las exportaciones de armas de guerra a Israel, alegando razones para creer que se estaban utilizando de forma que podrían violar el derecho internacional humanitario en la Franja de Gaza.
El último caso, presentado por cinco palestinos de Gaza, contó con el apoyo de abogados del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) de Berlín y de organizaciones palestinas de derechos humanos, informó el centro en un comunicado.
El ECCHR señaló que el gobierno concedió una autorización de exportación a Israel de 3.000 armas antitanque tras el ataque de Hamás del 7 de octubre, pero que aún no se había aprobado una solicitud de permiso de exportación a Israel de 10.000 cartuchos de munición.
"Alemania no puede mantenerse fiel a sus valores si exporta armas a una guerra en la que son evidentes graves violaciones del derecho internacional humanitario", declaró en un comunicado el secretario general del ECCHR, Wolfgang Kaleck.
Los abogados pidieron al tribunal administrativo de Berlín que suspendiera las licencias de exportación como medida provisional de protección jurídica.
El Ministerio de Economía, responsable de los permisos de exportación de armas, confirmó que el litigio con respecto a las armas para Israel estaba ante el tribunal, pero declinó hacer comentarios sobre un caso en curso.
El gobierno alemán ha manifestado anteriormente que examina cada exportación de armas individualmente y que tiene en cuenta una serie de factores, entre ellos los derechos humanos y el derecho humanitario.
El abogado del ECCHR, Alexander Schwarz, dijo a Reuters que esperaba una decisión del tribunal en un plazo de cuatro a seis semanas y que, si la demanda era rechazada, los demandantes podrían presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, su máximo órgano jurídico.
(Reporte de Riham Alkousaa; Editado en Español por Ricardo Figueroa)