Bruselas, 4 mar (.).- El Consejo de la Unión Europea (los países) aprobó este lunes cambios legislativos que aclaran que los costes de la gestión y eliminación de los residuos de paneles fotovoltaicos comercializados corresponden al productor del Espacio Económico Europeo.
En concreto, se refirió a los paneles comercializados después del 13 de agosto de 2012, indicó el Consejo en un comunicado.
La institución, en la que están representados los Gobiernos de los Veintisiete, adoptó modificaciones de la legislación de la UE sobre residuos de aparatos electrónicos, que incluye una serie de productos como ordenadores, frigoríficos y paneles fotovoltaicos.
Los cambios tienen por objeto adaptar la directiva a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2022 sobre la invalidez parcial de esa legislación debido a la aplicación retroactiva injustificada de la responsabilidad ampliada del productor, a los residuos de paneles fotovoltaicos comercializados entre el 13 de agosto de 2005 y el 13 de agosto de 2012.
Las enmiendas adoptadas por el Consejo aclaran asimismo que la responsabilidad ampliada del productor de artículos en el Espacio Económico Europeo que fueron añadidos al ámbito de aplicación de la directiva en 2018, debe aplicarse a los productos electrónicos comercializados después de esa fecha.
Las enmiendas también introducen una cláusula por la que la Comisión debe evaluar, a más tardar en 2026, la necesidad de revisar la directiva.
La Comisión adoptó su propuesta de modificación de esta legislación en febrero de 2023.
Tras la adopción de sus posiciones negociadoras en junio (Consejo) y octubre (Parlamento Europeo) de 2023, los colegisladores alcanzaron un acuerdo político provisional en noviembre de 2023.
El Parlamento Europeo votó formalmente el acuerdo el 6 de febrero de 2024.
La votación de hoy del Consejo cierra el procedimiento de adopción; el texto de las enmiendas será firmado ahora por los colegisladores y a continuación se publicará en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor 20 días después.
Los Estados miembros dispondrán de hasta 18 meses para incorporar la directiva modificada a su ordenamiento jurídico nacional.