Túnez, 25 ene (.).- El Consejo de Ministros de Túnez aprobó un proyecto de ley para permitir al Banco Central (BCT) adquirir bonos estatales con el fin de financiar el déficit presupuestario, que alcanzará este año los 3.100 millones de euros, lo que podría aumentar de manera descontrolada la inflación como ha advertido el gobernador de la institución, Marouan Abassi.
En septiembre pasado el presidente, Kais Said, -que se arrogó plenos poderes en julio de 2021 para "preservar la paz social"- realizó una visita sorpresa a la sede del BCT y defendió la necesidad de enmendar la ley, que el Parlamento deberá aprobar en las próximas semanas, para permitir que el BCT financie directamente el presupuesto estatal.
Este texto prevé la concesión de préstamos al Tesoro a tipos de interés inferiores como alternativa a los bancos comerciales y mercados internacionales que reclaman mayores garantías debido al riesgo de impago. La medida implica una mayor intervención del Estado en las políticas monetarias y, por lo tanto, una pérdida de la independencia del organismo.
En los últimos años Abassi ha señalado los riesgos de esta operación, que podría suponer una mayor presión sobre la liquidez, una alta inflación y una depreciación de la moneda (un euro equivale a 3,37 dinares), lo que podría llevar al país a una situación como la de Venezuela, aseguró.
El Consejo de Administración del Banco Central mantiene su tipo de interés clave al 8 % con el objetivo de reforzar la desaceleración inflacionaria del 9,3 % (media en 2023) al 2 %.
La antítesis de posiciones entre los dos responsables aumenta las especulaciones sobre la salida del gobernador, que ocupa el cargo desde hace seis años, al final de su mandato el próximo 17 de febrero.
Los presupuestos generales de 2024 prevén movilizar 4.800 millones de euros, incluidos los 3.100 millones de déficit, aunque el Gobierno no ha revelado todavía el origen de este capital.
El mandatario cesó en octubre al ministro de Economía, Samir (CSE:SAM) Saïed, después de que defendiera un préstamo de 1.796 millones de euros con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por temor a protestas sociales.
En su lugar, asegura que el país cuenta con sus propios recursos y ha puesto en marcha una Comisión de Conciliación Penal en la que los empresarios condenados por evasión fiscal pueden obtener una amnistía a cambio de invertir en proyectos de desarrollo en regiones desfavorecidas. El Estado debería recuperar, insiste, más de 4.000 millones de euros, pero hasta el momento sólo ha logrado cerca de ocho millones tras negociar con una decena de hombres de negocios.