Sevilla, 19 oct (.).- FACUA-Consumidores en Acción asegura que está recibiendo una "avalancha" de consultas sobre el impuesto de actos jurídicos documentados de los préstamos hipotecarios tras la sentencia del Tribunal Supremo en la que establece que son los bancos y no los usuarios los que tienen que abonarlo.
Junto a la multitud de consultas que están formulando a FACUA en las redes sociales, numerosos consumidores de toda España están acudiendo a las oficinas territoriales de la organización y llamando a su teléfono 688 954 954 para conocer cómo pueden reclamar la devolución del impuesto de las hipotecas.
FACUA recuerda en un comunicado que la reclamación debe plantearse a la Hacienda autonómica si el impuesto se abonó hace no más de cuatro años y al banco si se hizo con anterioridad, y afirma que la asociación seguirá batallando en los tribunales si las entidades financieras no lo devuelven.
En una sentencia de 16 de octubre, la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sección Segunda) modifica su jurisprudencia anterior, recuerda FACUA.
La sentencia interpreta el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y su reglamento, y concluye que no es el prestatario el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria (como aquella jurisprudencia sostenía), sino la entidad que presta la suma correspondiente.
FACUA solicita a las Haciendas autonómicas que establezcan protocolos de devolución automática de las cantidades abonadas por estos impuestos a los usuarios que las pagaron en los últimos cuatro años.
Por otro lado, la asociación insta a los bancos a que actúen con responsabilidad y procedan a reembolsar estos importes a los hipotecados que los abonaron antes de 2014.
Casi 25.000 hipotecados se han unido a FACUA para asesorarse y defender sus derechos ante los distintos fraudes hipotecarios en los que ha incurrido la banca, fundamentalmente la cláusula suelo y la imposición del pago de gastos de formalización que corresponden a las entidades financieras, como la tasación, la gestoría y el impuesto de actos jurídicos documentados.
La asociación afirma que tiene abiertos cientos de procedimientos judiciales en representación de sus socios en los que se reclama tanto la devolución de las cantidades cobradas fraudulentamente por la cláusula suelo como los gastos que correspondía abonar a las entidades bancarias, y no a los usuarios, en relación a la formalización de las hipotecas.