Bruselas, 11 abr (.).- Una abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pidió este jueves que esa corte comunitaria anule la decisión de la Comisión Europea (CE) por la que se declaró que entre 2013 y 2018, antes del Brexit, el Reino Unido dio ventajas fiscales ilegales a multinacionales, al considerar que Bruselas cometió un error.
En concreto, la abogada considera que tanto la Comisión como el Tribunal General, primera instancia judicial de la UE, incurrieron en un error de Derecho al considerar que el marco de referencia correcto para examinar si se había concedido una ventaja fiscal ilegal estaba constituido por las normas relativas a las sociedades extranjeras controladas (SEC), en lugar del régimen tributario general de las sociedades vigente en el Reino Unido, considerado en su conjunto.
Las normas relativas a las SEC forman parte de dicho régimen y son indisociables de él, de acuerdo con la abogada.
Sus conclusiones no son vinculantes, aunque la sentencia final del TJUE suele alinearse con ellas en gran parte de los casos.
En abril de 2019 la CE concluyó que entre 2013 y 2018 el Reino Unido dio ventajas fiscales ilegales a algunas multinacionales al concederles exenciones en la aplicación de normas destinadas a evitar la elusión fiscal, y pidió a Londres que recuperara el dinero que dejó de recaudar por este motivo.
Según la Comisión, la finalidad de las normas del Reino Unido relativas a las SEC era evitar que las sociedades establecidas en el Reino Unido utilizaran una sucursal establecida en un territorio de bajo o nulo nivel impositivo para eludir la imposición en este país.
Dichas normas permitían a las autoridades tributarias británicas reasignar a la sociedad matriz establecida en el Reino Unido todos aquellos beneficios que habían sido desviados artificialmente a una sucursal en el extranjero, de manera que pudieran ser objeto de gravamen en el Reino Unido.
Sin embargo, entre 2013 y 2018, las normas aplicables a las SEC incluían una exención para determinados ingresos por financiación (en concreto, pagos de intereses por préstamos) de grupos multinacionales con actividad en el Reino Unido.
La Comisión consideró que una parte de esta exención a la financiación de grupos constituía una ventaja fiscal ilegal.
El Reino Unido y la sociedad ITV recurrieron la decisión de Bruselas ante el Tribunal General, que desestimó sus recursos en 2022.
Sin embargo, el Reino Unido, ITV y dos sociedades del London Stock Exchange Group (LON:LSEG), la empresa que opera la Bolsa de Londres, interpusieron recurso de casación ante el TJUE.
En sus conclusiones, la abogada propone anular la sentencia del Tribunal General y la decisión de la Comisión.
En su opinión, el Tribunal General se equivocó al abstraer un conjunto de normas (las relativas a las SEC) de su marco legislativo más amplio (el régimen tributario general de las sociedades).
Según la abogada, a la hora de determinar el marco de referencia, la CE y el Tribunal General no examinaron con objetividad el contenido, la articulación y los efectos concretos de las normas aplicables en virtud del Derecho nacional.