Roma, 12 may (.).- El polémico "Superbonus", el paquete de incentivos fiscales y créditos aprobado tras la pandemia para la mejora de las viviendas que el Gobierno de Giorgia Meloni suspendió al considerarlo un gasto público excesivo, y la nueva tasa sobre el azúcar que se impondrá a partir de julio, han despertado fuertes tensiones en el Ejecutivo.
El vicepresidente y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, y el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, se han enzarzado en una disputa sobre la forma de lidiar con el "Superbonus", que ha supuesto un gasto al Estado de 122.000 millones de euros y ha inflado la ya de por si elevada deuda pública italiana.
La última enmienda de Giorgetti prevé que los gastos incurridos en el bienio 2025-2026 sobre el Superbonus se deduzcan en diez años, en lugar de cuatro, con una previsión de deducciones de 12.000 millones en los dos años, e incluye también restricciones para los bancos, que no podrán compensar los créditos con deudas de la Seguridad Social.
"El Superbonus en teoría habría sido algo muy justo, habría tenido que relanzar la industria de la construcción, habría tenido que mejorar nuestras casas, pero, por desgracia, hubo demasiados estafadores y graves deficiencias en los controles", explicó este sábado Tajani.
Está claro que "hay grandes problemas con las cuentas públicas. Y nadie los subestima, pero hay que tener mucho cuidado con quienes sufren las consecuencias de las restricciones".
Giorgetti respondió que "se ha seguido la línea del sentido común, del interés general del país. Ahora quien lea la enmienda comprenderá exactamente lo que dice", pero, en plena campaña de las europeas, Tajani ha convocado mañana a “todos los representantes de las diferentes categorías para ver qué hay que corregir en el Parlamento de esta propuesta".
También la oposición ha criticado la enmienda de Giorgetti, que "afecta primero a los hogares y luego a los bancos, con efectos en cascada también sobre las empresas" y que coloca al Gobierno en el "caos", según el Partido Demócrata (PD), mientras la mayor asociación de consumidores del país, Codacons, se mostró dispuesta a "recurrir" una decisión que afecta a "millones de ciudadanos".
El enfrentamiento se ha acentuado con la aprobación de la nueva tasa sobre el azúcar, que, pese a que se esperaba que se aplazara dos años, comenzará en julio con tipos reducidos del 50 % que aumentarán en 2026.
Es "una ducha fría" para los productores de refrescos, que piden una corrección dadas las "repetidas garantías" del gobierno en los últimos meses, como también destaca el partido de Tajani, la conservadora Forza Italia (FI).
"Cuando se aprobaron los Presupuestos, FI ya había indicado la necesidad de aplazar el llamado impuesto sobre el azúcar, contra el que hemos luchado durante años. Y así se acordó con la mayoría y con el Gobierno", indicó la formación en un comunicado.