Nueva York, 28 feb (.).- El largo proceso judicial en Estados Unidos sobre la expropiación de la petrolera YPF (BA:YPFD) a Repsol (BME:REP) por parte de Argentina ha llegado a un "impás" por las objeciones del Estado a colaborar en la identificación de activos embargables, según los demandantes y ganadores del caso.
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska de Nueva York falló a favor de los fondos Burford Capital y Eton Park tras un litigio de más de ocho años contra Argentina por los daños que la expropiación de YPF en 2012 causó a inversores minoritarios.
La sentencia firme condenó a Argentina a pagar una indemnización de 16.100 millones de dólares, pero no ha habido avances prácticos, según se desprende de las últimas críticas de esos beneficiarios, que se suman a las acusaciones de la propia jueza al Estado argentino por "retrasar y esquivar" sus obligaciones.
En una carta remitida ayer martes a Preska, disponible en la plataforma judicial 'online', las demandantes señalan que el pasado 16 de octubre entregaron una lista de solicitudes de información sobre potenciales activos embargables, a la que contestó Argentina el 15 de noviembre con una negativa general.
"Después de más de tres meses y ocho sesiones de consulta, las partes están en un impás", dice en la carta el abogado Randy Mastro, que resume el problema en que Argentina "busca indebidamente blindar categorías enteras de activos" para su análisis, argumentando que "son inmunes" a embargos.
Se trata de un "mero" intercambio de información conocido como "discovery", señala, donde no corresponde "valorar asuntos de inmunidad, ni el deudor del dictamen es el actor apropiado para hacer esa determinación, particularmente cuando eso obstruye una divulgación de datos completa y justa", agrega.
Por su parte, los abogados de Argentina han considerado que los demandantes hicieron "77 solicitudes extremadamente amplias": en su documento de objeción de noviembre, que tiene más de 100 páginas, además de oponerse a todas esas solicitudes, se oponen también a definiciones de términos o instrucciones.
Por ejemplo, a la primera solicitud, de entregar "suficientes documentos para identificar y localizar todas las acciones de YPF actualmente en posesión de Argentina", los abogados del Estado argumentan que es una tarea amplia, engorrosa y que no lleva a la identificación de activos en EE.UU. ni son usados para una actividad comercial allí.
El "impás" o punto muerto" citado se refleja en varias cartas intercambiadas entre las partes donde se citan numerosas reuniones y conversaciones encalladas en torno a las 77 solicitudes iniciales y las subsecuentes objeciones, que la defensa de las demandantes considera "deficientes" y que Argentina reitera.
Entre otras de solicitudes, las demandantes piden documentos para identificar activos valorados a partir de 1 millón de dólares en el extranjero -Argentina accede a buscarlos a partir de 20 millones, excluyendo instalaciones diplomáticas o militares- o documentos sobre acuerdos financieros con China.
Las demandantes han propuesto a la jueza una moción "para obligar a la producción de documentos" a Argentina en esta la etapa de análisis o "discovery", que precedería a la ejecución de embargos de activos en el extranjero, ya autorizados a falta de una garantía para evitarlo por parte del Estado.