Madrid, 12 feb (.).- El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha cargado contra el control de precios de los alquileres, la sobrerregulación o las moratorias de desahucio, que entiende que son las que están detrás de la escasez de oferta de vivienda en alquiler que presenta España.
Según ha señalado su presidente, Íñigo Fernández de Mesa, el control del alquiler es ineficiente y contraproducente para mejorar el acceso al mercado del alquiler ya que provoca que cientos de miles de propietarios individuales retiren sus pisos del mercado, reduciendo la oferta, aumentando el precio y discriminando a los colectivos más vulnerables a los que se pretendía favorecer.
En este sentido, ha apuntado que aunque la Ley de Vivienda puede ser bienintencionada tiene unos resultados muy perniciosos. De ahí que el IEE entienda que esta regulación de precios no es aceptable ni siquiera como solución transitoria.
No demonizar al sector privado: es parte de la solución
Dado el problema de accesibilidad al mercado de la vivienda que presenta España y la escasez de recursos públicos, el IEE ha abogado por promover el alquiler asequible de la mano del sector privado, al que no se puede demonizar ya que es parte de la solución.
No obstante, ha asegurado que esta colaboración público–privada en vivienda se ve obstaculizada por el entorno regulatorio y la falta de incentivos económicos y financieros dirigidos a la oferta.
La solución, ha insistido Fernández de Mesa, no puede pasar por penalizar a quienes pueden contribuir a resolver el problema de la vivienda en España, sino por todo lo contrario, por promover su participación. Así, ha defendido a los inversores institucionales, fondos y empresas inmobiliarias ya que favorecen la profesionalización del mercado y promueven su eficiencia.
Además ha tachado de muy ambiciosos los planes de Gobierno para lograr 184.000 viviendas sociales en la legislatura, lo que obligaría a poner 46.000 unidades al año, la mitad de las que se están construyendo, así como el objetivo del Ejecutivo de lograr que el parque de vivienda social escale hasta el 20 %.
En España solo el 2,5 % del parque es de alquiler social, tres veces menos que en la media europea (9 %) y muy lejos del 30 % que representa en Países Bajos.
Las medidas que ha defendido el IEE pasan por lo contrario a lo que se está haciendo ahora, ha insistido. Entre ellas, movilizar el 'stock' de vivienda ya existente incluso las "okupadas" con, por ejemplo, la cesión en alquiler a un plazo mínimo de 25 años de las viviendas de grandes tenedores o establecer precios un 20 % inferiores a los del índice de referencia.
También ha propuesto una línea pública de avales (ICO o del Tesoro) para el alquiler de vivienda a precios asequibles que permitiría reducir los riesgos, y poner más suelo público o privado (con incentivos) para alquiler social.
España, a la cola en protección del derecho de propiedad
El IEE ha subrayado que España tiene un amplio margen de mejora en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, que en 2023 se situó en el puesto 22 de 37 y por debajo de la media europea debido a la inestabilidad política, los datos de protección de la propiedad y los impuestos sobre la misma.
España ha ocupado las peores posiciones en el entorno legal y político, y en la protección de la propiedad, donde ha estado entre los diez países con peores resultados entre 2019-2022.
Además, España está claramente por encima de la media de la OCDE en lo referente a los tributos aplicados sobre la vivienda.