Madrid, 22 nov (.).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto desregular completamente el mercado de las líneas alquiladas troncales mediante la liberalización de las nueve rutas de cables submarinos en las que todavía fija los precios.
La CNMC someterá a consulta pública durante un mes la posible desregulación de las líneas alquiladas troncales, es decir, las conexiones de banda ancha de altas prestaciones y capacidad que los operadores se prestan entre sí para completar tramos de su red troncal.
El organismo regulador ha explicado que, en la actualidad, este mercado ya está prácticamente desregulado, con excepción de nueve rutas submarinas que conectan las islas menores de los archipiélagos balear y canario con las islas de mayor tamaño y las que conectan Ceuta y Melilla con la Península.
Concretamente, se tratan de las rutas Mallorca-Menorca, Ibiza-Formentera, Gran Canaria-Lanzarote, Gran Canaria-Fuerteventura, Tenerife-La Palma, Tenerife-La Gomera y La Gomera-El Hierro, además de las de Ceuta y Melilla, en las que Telefónica (BME:TEF) está obligada a ofrecer a otros operadores líneas troncales de alta capacidad a precios fijados por la CNMC.
Tras analizar este mercado, la CNMC ha argumentado que, en lo que respecta al mercado minorista, se han producido despliegues relevantes de banda ancha de nueva generación, en especial de fibra, en estos territorios.
En el caso de los cables submarinos, en todas estas rutas excepto en La Gomera-El Hierro, se han desplegado nuevos cables alternativos o está previsto que se haga, lo que supondrá un incremento de la competencia en el mercado mayorista, tal y como han demostrado las cuatro rutas ya desreguladas.
El organismo ha concluido que para ocho de las nueve rutas se han superado o se van a superar las barreras de entrada, mientras ha considerado que, para la ruta La Gomera-El Hierro, se debería aplicar solo el derecho de competencia ex post, dada su escasa conflictividad regulatoria a la fecha.
Por tanto, ha propuesto desregular estas nueve rutas y retirar las obligaciones vigentes de Telefónica en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la resolución definitiva, tras el que realizará un seguimiento de la evolución del mercado.