MADRID, 22 nov (Reuters) - Los accionistas y acreedores del Banco Popular (BME:POP) sufrieron un revés el miércoles después de que el segundo tribunal más importante de Europa dijera que no tenían derecho a una compensación como resultado del rescate del banco hace más de seis años.
En junio de 2017, la Junta Única de Resolución (JUR), una agencia de la UE, orquestó un rescate urgente del Popular, en el que los accionistas y algunos tenedores de bonos asumieron pérdidas al ser vendido por un euro nominal a un competidor español más grande, Santander (BME:SAN).
Tres años después, la JUR declaró que los accionistas y acreedores no tenían derecho a indemnización, ya que no habrían recibido mejor trato en caso de liquidación del Banco Popular que el resultante de la resolución.
Accionistas como el inversor mexicano Antonio del Valle impugnaron esta decisión ante el Tribunal General.
Del Valle no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios a través del banco mexicano BX+, donde es miembro honorario del consejo.
Entre los tenedores de bonos que presentaron la demanda se encontraban Algebris y Anchorage Capital Group. El bufete de abogados Quinn Emanuel, que los representó, no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios.
El miércoles, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) desestimó la impugnación, en particular el cuestionamiento de la independencia del tasador.
"El tasador se basó en una metodología correcta y no cometió errores manifiestos en la valoración de los activos del Banco Popular", dijo el tribunal, que añadió que el resultado al final de un procedimiento de insolvencia normal habría sido, por tanto, el mismo que el resultante de la resolución.
La última sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el plazo de dos meses y 10 días a partir de la notificación de la decisión.
El Popular tenía un valor en bolsa de unos 1.300 millones de euros el día de su rescate. También se esfumaron obligaciones subordinadas y convertibles por valor de 1.900 millones de euros.
Las autoridades españolas y de la UE celebraron el caso como una primera prueba con éxito de las llamadas normas de recapitalización interna, en las que los inversores y acreedores asumen gran parte del coste de un rescate bancario.
Más de 40 accionistas significativos, entre ellos Del Valle, y tenedores de bonos subordinados afectados por el rescate del Popular habían solicitado la anulación de la resolución del Popular, pero el segundo tribunal más alto de Europa desestimó sus demandas en junio de 2022.
(Reporte de Jesús Aguado; información adicional de Emma Pinedo; edición de Foo Yun Chee, Inti Landauro y Bernadette Baum; editado en español por Flora Gómez)