Luxemburgo, 20 jun (EFE).- Los ministros de Economía de la UE aprobarán mañana las recomendaciones macroeconómicas para España y tratarán de cerrar las futuras normas de reestructuración y liquidación bancaria que pretende garantizar que sean los bancos los que paguen los rescates y no los contribuyentes europeos.
Los Veintisiete concederán formalmente a España dos años más para corregir su déficit excesivo, teniendo como objetivos el 6,5 % del PIB este año, el 5,8 % en 2014, el 4,2 % en 2015 y el 2,8 % en 2016, unas décimas más cada año que la senda marcada inicialmente por Madrid (6,3 %, 5,5 %, 4,1 % y 2,7 %).
A cambio le han impuesto un estricto calendario para las reformas que debe acometer, entre ellas la tributaria y la de las pensiones.
Durante las negociaciones para cerrar el texto definitivo de las medidas que la UE pide a España que aplique, el país logró más flexibilidad en el apartado de las jubilaciones y pensiones.
Mientras en las recomendaciones de la Comisión Europea (CE) se exigía al país que "la edad de jubilación vaya aumentando en función de la esperanza de vida", el texto que el Ecofin aprobará mañana y al que tuvo acceso hoy Efe permitirá eludir esta subida ajustando las pensiones.
En concreto, los Veintisiete proponen "alinear la edad de jubilación o las prestaciones de las pensiones a los cambios en la esperanza de vida".
Las recomendaciones también piden a España finalizar la evaluación de la reforma laboral para julio y presentar hasta septiembre posibles modificaciones.
Bruselas sostiene que España debe considerar limitar la aplicación de los tipos de IVA reducidos, aunque el Gobierno español ha dicho en varias ocasiones que no va a subir el IVA ni modificar en este momento la lista de productos que se benefician de un impuesto superreducido.
Las recomendaciones aún deberán recibir el último espaldarazo de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en la cumbre que celebrarán a finales de la próxima semana.
El ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, dijo el jueves que "hay acuerdo fundamentalmente en todos los ámbitos, incluido el tema de pensiones" y por ello supone que las recomendaciones se aprobarán relativamente rápido.
Por otra parte, el Ecofin tratará de lograr un acuerdo sobre la futura directiva de reestructuración y liquidación de bancos en una negociación que se prevé larga y complicada.
Entre los puntos aún abiertos destaca el diseño del "rescate interno", es decir es el banco y los acreedores que primero intentan salvar el banco y no los contribuyentes.
Para ello se establecerá una jerarquía que aportará claridad en el futuro sobre qué acreedores pueden verse sometidos a quitas y en qué orden, empezando por los accionistas, deuda subordinada y bonos sénior.
Los depósitos inferiores a 100.000 euros quedarán protegidos en todo caso, mientras que otros, los superiores a esa cantidad pueden verse afectados, pero para otorgar un cierto nivel de protección a las personas físicas, microempresas y pymes estos instrumentos solo sufrirán pérdidas al final de la jerarquía.
Los Veintisiete siguen discutiendo si adelantan la fecha de entrada en vigor de este rescate interno a 2015 en lugar de 2018, la financiación de los fondos nacionales de resolución bancaria, los requisitos mínimos de fondos propios de los bancos para tener suficiente capacidad de absorción de pérdidas y la flexibilidad adecuada para excluir instrumentos, como los derivados, de posibles quitas.
Finalmente no se obligará a los Estados a fusionar los fondos de resolución bancaria con sus fondos de garantía de depósitos, y Reino Unido reclama además un tratamiento especial al disponer ya de una tasa especial sobre la banca.
De acuerdo con el último estado de las conversaciones, si el fondo de resolución no se fusiona con el de garantías de depósitos, éste tendrá que tener un nivel mínimo de capital del 0,8 % de los depósitos garantizados, mientras que si es un solo instrumento el nivel será del 1,3 %.
Algunos países quieren que se fije el nivel con respecto al total de pasivos del sector bancario. EFE
Los Veintisiete concederán formalmente a España dos años más para corregir su déficit excesivo, teniendo como objetivos el 6,5 % del PIB este año, el 5,8 % en 2014, el 4,2 % en 2015 y el 2,8 % en 2016, unas décimas más cada año que la senda marcada inicialmente por Madrid (6,3 %, 5,5 %, 4,1 % y 2,7 %).
A cambio le han impuesto un estricto calendario para las reformas que debe acometer, entre ellas la tributaria y la de las pensiones.
Durante las negociaciones para cerrar el texto definitivo de las medidas que la UE pide a España que aplique, el país logró más flexibilidad en el apartado de las jubilaciones y pensiones.
Mientras en las recomendaciones de la Comisión Europea (CE) se exigía al país que "la edad de jubilación vaya aumentando en función de la esperanza de vida", el texto que el Ecofin aprobará mañana y al que tuvo acceso hoy Efe permitirá eludir esta subida ajustando las pensiones.
En concreto, los Veintisiete proponen "alinear la edad de jubilación o las prestaciones de las pensiones a los cambios en la esperanza de vida".
Las recomendaciones también piden a España finalizar la evaluación de la reforma laboral para julio y presentar hasta septiembre posibles modificaciones.
Bruselas sostiene que España debe considerar limitar la aplicación de los tipos de IVA reducidos, aunque el Gobierno español ha dicho en varias ocasiones que no va a subir el IVA ni modificar en este momento la lista de productos que se benefician de un impuesto superreducido.
Las recomendaciones aún deberán recibir el último espaldarazo de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en la cumbre que celebrarán a finales de la próxima semana.
El ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, dijo el jueves que "hay acuerdo fundamentalmente en todos los ámbitos, incluido el tema de pensiones" y por ello supone que las recomendaciones se aprobarán relativamente rápido.
Por otra parte, el Ecofin tratará de lograr un acuerdo sobre la futura directiva de reestructuración y liquidación de bancos en una negociación que se prevé larga y complicada.
Entre los puntos aún abiertos destaca el diseño del "rescate interno", es decir es el banco y los acreedores que primero intentan salvar el banco y no los contribuyentes.
Para ello se establecerá una jerarquía que aportará claridad en el futuro sobre qué acreedores pueden verse sometidos a quitas y en qué orden, empezando por los accionistas, deuda subordinada y bonos sénior.
Los depósitos inferiores a 100.000 euros quedarán protegidos en todo caso, mientras que otros, los superiores a esa cantidad pueden verse afectados, pero para otorgar un cierto nivel de protección a las personas físicas, microempresas y pymes estos instrumentos solo sufrirán pérdidas al final de la jerarquía.
Los Veintisiete siguen discutiendo si adelantan la fecha de entrada en vigor de este rescate interno a 2015 en lugar de 2018, la financiación de los fondos nacionales de resolución bancaria, los requisitos mínimos de fondos propios de los bancos para tener suficiente capacidad de absorción de pérdidas y la flexibilidad adecuada para excluir instrumentos, como los derivados, de posibles quitas.
Finalmente no se obligará a los Estados a fusionar los fondos de resolución bancaria con sus fondos de garantía de depósitos, y Reino Unido reclama además un tratamiento especial al disponer ya de una tasa especial sobre la banca.
De acuerdo con el último estado de las conversaciones, si el fondo de resolución no se fusiona con el de garantías de depósitos, éste tendrá que tener un nivel mínimo de capital del 0,8 % de los depósitos garantizados, mientras que si es un solo instrumento el nivel será del 1,3 %.
Algunos países quieren que se fije el nivel con respecto al total de pasivos del sector bancario. EFE