Por Huw Jones
LONDRES, 14 dic (Reuters) - Las grandes empresas de la Unión Europea tendrán que identificar y tomar medidas correctoras si descubren que sus cadenas de suministro emplean mano de obra infantil o dañan el medio ambiente, acordaron el jueves los parlamentarios del bloque y el Consejo Europeo.
Las negociaciones sobre esta ley histórica de la UE comenzaron el miércoles y se prolongaron hasta primeras horas del jueves, cuando los representantes trataron de llegar a un acuerdo sobre cuestiones polémicas, en particular si incluir o no a las empresas financieras en las normas, que se espera que entren en vigor en torno a 2027.
"El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado hoy un acuerdo provisional sobre la directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas, cuyo objetivo es mejorar la protección del medio ambiente y los derechos humanos en la UE y en todo el mundo", dijo el Consejo en un comunicado.
En beneficio de los Estados miembros que ya cuentan con normas nacionales similares, el sector financiero quedará temporalmente excluido, aunque con una cláusula de revisión para su posible inclusión en el futuro.
El acuerdo también refuerza la obligación de las grandes empresas de adoptar y poner en marcha un plan de transición para mitigar el cambio climático, algo que los eurodiputados habían reclamado.
"Aunque los bancos y las aseguradoras tendrán que poner en marcha planes de transición climática —medidas que les acercarían a inversiones respetuosas con el clima—, el sector financiero se aseguró una excepción más amplia y no estará obligado a garantizar que sus préstamos o inversiones no están vinculados a abusos contra los derechos humanos", afirmó Global Witness, que hace campaña contra los abusos a los derechos humanos.
Las normas se aplicarán a las empresas de la UE que tengan más de 500 empleados y un volumen de negocios neto mundial de 150 millones de euros (163,25 millones de dólares).
Para las empresas de fuera de la UE se aplicará si tienen 300 millones de euros de facturación neta generada en el bloque, tres años después de la entrada en vigor de las normas.
Las multas por incumplimiento de las normas podrían alcanzar el 5% de la facturación global de una empresa.
"Por primera vez, habrá un marco jurídico completo para que las comunidades de cualquier parte del mundo puedan demandar ante los tribunales europeos a las empresas responsables de abusos de los derechos humanos y daños medioambientales", dijo Global Witness.
La ley ha levantado ampollas en empresas tan lejanas como Estados Unidos, porque su ámbito de aplicación abarca varios miles de empresas que hacen negocios en el bloque, pero tienen su sede en otros lugares.
Sus detractores afirman que impone nuevos requisitos de información a las empresas de la UE, que ya deben cumplir una serie de requisitos medioambientales, sociales y de gobernanza a partir de 2024.
(1 dólar estadounidense = 0,9189 euros)
(Reporte de Huw Jones y Utkarsh Shetti; escrito por Sinead Cruise; edición de Christopher Cushing y Susan Fenton; editado en español por Tomás Cobos)