Madrid, 6 jun (.).- La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha denunciado a Francia ante la Autoridad Laboral Europea por exigir "ilegalmente" a los conductores españoles cumplir con una normativa nacional que, desde febrero pasado, ha quedado sustituida por una nueva regulación europea.
La entrada en vigor de la nueva regulación europea supuso la derogación automática de las anteriores normativas nacionales que existían, aparte de en Francia, en otros muchos países como Alemania, Italia o Austria, ha señalado este lunes la patronal en un comunicado.
En caso de Francia, la regulación existente, que coloquialmente se denominaba ley Macron, obligaba, entre otros requisitos, a designar un representante legal en el país galo para todos los transportistas extranjeros.
El Paquete de Movilidad aprobado por la Unión Europea (UE) en junio de 2020 introdujo importantes novedades que afectan a diferentes ámbitos del transporte por carretera, entre las que figura una nueva regulación sobre desplazamiento de conductores entre países de la UE, que entró en vigor en febrero pasado.
La nueva regulación exige que las empresas que realicen transporte internacional registren todas sus operaciones de transporte internacional o de cabotaje, con excepción de los trasportes en tránsito, así como a los transportes bilaterales.
De este modo, las aproximadamente 30.000 empresas españolas que actualmente realizan transporte internacional en la UE, incluidas las que poseen vehículos de más de 2,5 toneladas desde el pasado mes de mayo, deben registrarse en la plataforma telemática denominada IMI (LON:IMI), gestionada por la Autoridad Laboral Europea.
Pese a ello, Fenadismer ha recibido numerosas quejas de transportistas españoles de que en algunos departamentos franceses aún la gendarmería continúa sancionando por no acreditar que se posee el representante legal exigido en la anterior ley, con la consiguiente multa que debe abonarse en el momento, al tratarse de una sanción impuesta a un no residente.
Dicha actuación contraria a la normativa europea ha llevado a la patronal a denunciar al país ante la Autoridad Laboral Europea, que se ha comprometido a actuar ante las autoridades francesas para corregir esta ilegalidad, ha agregado Fenadismer.