Túnez, 31 oct (.).- Túnez reembolsó este lunes un total de 533 millones de euros a tenedores de bonos extranjeros por lo que el pago de la deuda externa alcanzó el 81% mientras quedan pendientes otros 1.200 millones de euros, reveló hoy la ministra de Finanzas, Sihem Boughdiri.
La ministra explicó ante el Parlamento que la deuda exterior del país magrebí ascendía a 20.800 millones de dinares (6.200 millones de euros), de los cuales se ha reintegrado 16.800 millones de dinares (5.000 millones de euros), y aseguró que el país seguirá cumpliendo con sus obligaciones pese a las grandes presiones sobre las finanzas públicas.
Los diputados deberán votar hoy la ley de presupuestos suplementarios para 2023, que implica un aumento de 71.200 millones de dinares (21.200 millones de euros) debido al aumento de los precios en el mercado internacional y la caída de sus recursos nacionales. De aprobarse este texto, la deuda pública se situaría en el 80,2% del PIB frente al 76,7% estimado para este ejercicio.
Además, la cámara deberá adoptar antes del próximo 10 de noviembre los presupuestos para 2024, que prevén un crecimiento económico del 2,1% (frente al 0,9% actual), a la vez que mantiene las subvenciones públicas y aumenta los impuestos al sector bancario, turístico y al alcohol.
Para requilibrar sus finanzas y restaurar la confianza de los inversores, Túnez necesitará movilizar cerca de 30.000 millones de euros.
Boughdiri está al frente del Ministerio de Economía después de que el presidente del país, Kais Saied (que se arrogó plenos poderes en julio de 2021 para "preservar la paz social"), destituyese a mediados de octubre al entonces titular Samir (CSE:SAM) Saied, que dijo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) era vital para obtener financiación extranjera.
El gobernador del Banco Central Tunecino, Marouane El Abassi, anunció que una delegación del FMI visitará el país del 5 al 17 de diciembre para retomar las negociaciones, suspendidas un año antes.
El programa de reformas presentado por el anterior Ejecutivo, con el que alcanzó un acuerdo inicial en octubre de 2022, incluía la retirada de subvenciones a los productos de primera necesidad y carburantes, la privatización de algunas empresas públicas y la reducción de la masa salarial de la Administración pública.