Por Daniel Wiessner
26 abr (Reuters) - El Gobierno de Biden puede proseguir con la demanda en la que alega que el estado de Texas, gobernado por los republicanos, violó una ley medioambiental estadounidense al instalar una barrera flotante de 1.000 pies de largo en el río Grande para impedir el cruce ilegal de la frontera desde México, según dictaminó un juez federal el viernes.
El juez de distrito David Ezra, de Austin, dijo que la demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que afirma que la cadena de boyas está sujeta a una ley que obliga a los Estados a obtener la aprobación federal antes de obstruir vías navegables, era lo suficientemente plausible como para permitir que el proceso siguiera adelante.
El año pasado, Ezra ordenó a Texas que retirara la barrera flortante hasta que se resolviera el caso, alegando que probablemente infringía la ley federal. Un panel del 5º Circuito de Apelaciones de Estados Unidos confirmó la decisión de Ezra, pero el pleno está revisando ahora esa decisión, con alegatos programados para el 15 de mayo.
El viernes, Ezra reiteró su decisión anterior, afirmando que el Departamento de Justicia había presentado fotografías y otras pruebas para respaldar su argumento de que la gran barrera fija podría impedir el paso de los barcos.
Las oficinas del fiscal general de Texas, Ken Paxton, y del gobernador Greg Abbott (NYSE:ABT), republicanos que han criticado duramente las políticas fronterizas de la administración Biden, no respondieron a solicitudes de comentarios.
La barrera flotante forma parte de una serie de medidas que las autoridades de Texas han adoptado en respuesta al incremento sin precedentes del número de inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera y a lo que, según afirman, sería un fracaso del presidente demócrata Joe Biden a la hora de abordar el problema.
El Estado también ha transportado en autobús a los inmigrantes a Estados gobernados por demócratas, ha instalado vallas de alambre de espino a lo largo de la frontera y ha aprobado una ley que permite procesar a las personas que se encuentren ilegalmente en el Estado.
Todas estas medidas han dado lugar a batallas legales con el Gobierno de Biden y grupos de defensa de derechos, que afirman que Texas está interfiriendo en el poder del Gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración y los derechos de los inmigrantes a solicitar ayuda humanitaria.
(Reporte de Daniel Wiessner en Albany, Nueva York; Editado en Español por Sofía Díaz Pineda)